Entidades de derechos humanos advirtieron sobre la criminalizació n de las protestas
Marcelo Veneranda
"Los vamos a esperar con el código penal en la mano." La frase, lanzada en 2003 por Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, estaba dirigida a los piqueteros que desafiaban en las calles al ex presidente Néstor Kirchner. Siete años después, organismos de derechos humanos denuncian que la advertencia se convirtió en método: el Gobierno evita reprimir, pero no hay dirigente social opositor sin procesos judiciales en su contra.
De acuerdo con la información que comparten estas organizaciones, existen al menos 5000 causas contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos.
Hasta el año pasado, las mismas entidades hablaban de mil expedientes menos. El aumento, explican, se dio por la suma de tres estrategias, que atribuyen al Gobierno: la apertura de causas contravencionales penales por una misma protesta; la denuncia a los dirigentes de los grupos opositores, aun cuando no hayan participado en la manifestación cuestionada, y la "sobrevida" de las causas, que pueden mantenerse como una amenaza latente durante varios años.
Esa situación fue analizada con preocupación el martes pasado en la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos (AEDD), donde participaron dirigentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y los centros de abogados y profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh y Cadhu), entre otros grupos.
El objetivo: elaborar un documento que será la base de una movilización prevista para el 23 de julio, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, en la que denunciarán la presión del Gobierno sobre las organizaciones opositoras y exigirán que se trate un proyecto de ley para impedir la criminalizació n de las protestas sociales (ver aparte).
"Estamos frente a una metodología propia del kirchnerismo, que se aceleró este año hasta llegar a un número infernal de causas", denunció Adriana Calvo, de la AEDD. Para su par Enrique Fukman, las denuncias contra los dirigentes apuntan a "atemorizar a las bases". Por caso, los gremialistas Ramón Bogado y Javier Hermosilla (Kraft) y el piquetero Oscar Kuperman (CUBa-MTR) tienen casi una veintena de causas judiciales en su contra.
El caso más notorio de los últimos días fue la denuncia por 18 delitos penales contra miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, por el corte de la ruta internacional 136. Aunque el juez resolvió que no hubo delito, las organizaciones denuncian que no sucede lo mismo con otros casos menos visibles.
"La huelga con ocupación de fábrica fue un clásico de la lucha gremial y la protesta peronista: hoy es causa por usurpación", subrayó María del Carmen Verdú, directora de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional. Diana Kordon, de Liberpueblo, agregó otras formas de represión, como las "patotas paraestatales del Indec o las mineras", y denunció que no había políticos condenados por hechos de represión policial.
Fuente: La Nación
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